La solicitud de allanamiento por parte del Ministerio Público a ex funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) establece que algunos de los apresados fueron instruidos por el expresidente Danilo Medina para buscar, de manera ilícita, dinero para las campañas de 2019, en el proceso interno del organismo, y las del 2020, cuando Gonzalo Castillo aspiraba a la presidencia.
"En el año 2019, antes de las elecciones Primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el entonces presidente Constitucional de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional, en las que había varios miembros de alto nivel de su equipo, entre ellos los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros altos funcionarios; ahí Medina Sánchez instruyó a sus funcionarios más cercanos a buscar dinero para las campañas políticas del 2019, (internas del PLD) y la del 2020, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita", dicta el documento.
De acuerdo al Ministerio Público, luego de esa reunión, el hoy investigado José Ramón Peralta, le solicitó al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, que convoque a unos de los principales constructores del estado, el ingeniero Bolivar Ventura, quien en ese momento tenía lo que entendía eran deudas del estado, para que fuera hasta su oficina en el Palacio Nacional.
"En esa reunión, Peralta le dice a Bolívar Ventura que debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio se le harían unos pagos de deudas que tenía con el estado y que para fines de coordinar los pagos debía ir donde el Ministro de Hacienda Donald Guerrero", afirma el MP.
Continúa relatando el informe que en la reunión coordinada por Francisco Pagán con Guerrero, Bolívar Ventura indicó que tenía muchas deudas y que lo que podía hacer era dar doscientos millones de pesos, y luego de discusiones y la supuesta insistencia de Guerrero, terminaron en que Bolívar Ventura entregaría la suma de quinientos millones de pesos, que en la realidad subieron a la suma total de quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (RD$ 527,694,838.00).
"Los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación preliminar, se coalicionan para distraer del Estado los referidos quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (RDS 527,694,838.00). Para lograrlo consiguen que el investigado Víctor Encarnación, director técnico de la OISOE, realice volumetrías falsas de obras inclusos cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura. Esas cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, constituyen una estafa contra el Estado dominicano", manifestó el MP en su solicitud de allanamiento.
Según la Procuraduría, las operaciones se realizaron en el 2019, pero la mayoría de las documentaciones se antedatan con fecha del 2018, según las evidencias, esto para poder justificar el pago como deuda pública, ya que una deuda del 2019, no se podría pagar en el 2019, bajo ese concepto.
Continúa diciendo el informe que los hoy apresados , Donald Guerrero, José Ramón Peralta, solicitaron decenas de millones a Bolívar Ventura, quien le dijo que no era posible mover todas esas cantidades en efectivo por la ley de lavado de activos, "y es ahí que se dispone hacer los contactos con el administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, quien a su vez delega la asistencia en el Contralor del Banco de Reservas, el investigado Andrés Guerrero, lo que sería el inicio de la operación de lavado más grande, cometidas en el menor tiempo, hasta hoy, en detrimento del patrimonio del Estado Dominicano".
Las deudas que según Bolivar Ventura, tenia el Estado Dominicano con sus empresas Doiteca, Diprecalt, Construcciones y diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC, eran deudas en principios basadas en contratos que datan de más de 10 años y sobre los que se le prometió entregarle los pagos, bajo lo que él define como extorsión por parte de Guerrero, Peralta y Castillo, "lo que evidentemente constituye un esquema de corrupción con participación activa de estos funcionarios públicos".
El órgano rector de la justicia explicó en el documento que "Es evidente que aquí hay una clara coalición de funcionarios entre los investigados Ángel Donald Guerrero, José Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Princesa Alexandra García Medina, para estafar al Estado Dominicano y distraer fondos millonarios en una mega operación de lavado de activos, materializadas, además, a través de una asociación de malhechores
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