Yeni Berenice: “El que no quiera que lo cuestionen ni rendir cuentas no puede ser servidor público”

Santo Domingo, RD.

La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, expresó que la Procuraduría General de la República no ha detenido ninguna de las investigaciones que tiene pendiente “ni lo hará”.

En un discurso al recibir ell “Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2022” del movimiento no partidista Participación Ciudadana, Berenice expresó que las investigaciones, partiendo de la realidad del país donde a los hechos de corrupción se les llama “populismo político”, se suelen sobreprobar las imputaciones, interrogar a cientos de personas, analizar miles de perfiles, rastreos financieros y societarios de cientos de compañías.

“Pero tenemos claro que no es populismo penal. Es corrupción y la obligación es detenerla y tomar la medida de lugar; lo otro es complicidad por omisión. El que no quiera que lo cuestionen ni rendir cuentas no puede ser servidor público”, dijo la directora de persecución.

Berenice Reynoso expresó, además, que a pesar del tiempo que puedan tardar en la investigación de un caso, los mismos están listos “cuando lo están”.

Asimismo instó que para continuar la lucha anticorrupción es necesario modificar la Ley de Compras y Contrataciones, la creación de un equipo de investigación que apoye a los fiscales, un cambio de cultura para entender que la corrupción no es sólo recibir dinero, “cuando usted deja de investigar a alguien por ser de X partido o sector, usted está siendo corrupto…”

De igual forma, indicó que se amerita que los partidos políticos separen de sus filas a quienes incurran en actos de corrupción y “no hacer lo que algunas hacen, de recurrir a la tradicional defensa de tachar las investigaciones con la etiqueta de persecución política: los miles de pruebas que nos esforzamos de buscar en cada caso desmienten sin mayor esfuerzo ese banal argumento y, sobre todo, es necesario entender que la lucha anticorrupción no solo necesita fiscales independientes… quien juzga debe ser imparcial”.

Asimismo tomó un tiempo para referirse a aquellas personas que “presionan” para que los procesos no salgan,  “amenazan e intimidan”, a los que sacan espacio y comunicados.

“No pierdan su tiempo, no vamos a callarnos, no vamos a detener ninguno de los procesos en curso, no vamos a dejar de cuestionar las inconductas que vemos sin importar quién las cometas”, expresó.

Yeni Berenice Reynoso se refirió, además, a las variaciones de medidas de coerción en distintos casos de corrupción como Antipulpo donde el principal implicado es Alexis Medina Sánchez, así como el Coral, en donde se vincula a Adán Cáceres, además de las declaraciones que emitió la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo) en esta semana, en donde acusó al Ministerio Público de utilizar “prácticas populistas” e “injuriosas” en su contra.

“Pueden hacer todas las maniobras que han hecho, pero no van a detener los casos de corrupción. Mientras más acusados manden a su casa, más horas de trabajo dedicaremos a cada uno de las docenas de procesos en curso; mientras más campañas de descrédito paguen, nosotros nos seguiremos esforzando por ser más eficientes”, dijo.

A continuación el discurso íntegro pronunciado por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynsoso:

Palabras de Yeni Berenice Reynoso, procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, al recibir de Participación Ciudadana el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2022

Buenas noches a los miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana

Buenas noches a su coordinador general Jhoseph Abreu

Y buenas noches a todos los invitados

He estado reflexionando sobre la secuencia de hechos que nos han traído hasta aquí y debo expresar, desde lo más profundo de mi alma, que me siento más que honrada al recibir esta honorable distinción de parte de una organización como Participación Ciudadana.

Esta gratitud no se edifica sobre la base del reconocimiento que recibimos esta noche, ya que en mi caso, la he fundado en el conocimiento directo que he tenido sobre los invaluables aportes que Participación Ciudadana  ha realizado a la institucionalidad democrática del país.

Para poner un ejemplo, en lo que respecta a nuestra institución, dio un paso adelante y un apoyo invaluable, para defender la Carrera del Ministerio Público, en unos de sus momentos más oscuros.

Como ciudadana y servidora pública, no encuentro una fecha más oportuna ni un espacio más idóneo para compartirles algunas reflexiones del sector justicia relativas al pasado, presente y futuro de la lucha anticorrupción en República Dominicana.

La corrupción en nuestro país no es nueva. Eso lo sabemos todos. A pesar de que en las mediciones de cada año quedábamos en los peores lugares de los países con más corrupción, en la agenda de la dirigencia política el tema siempre estaba ausente o solo era utilizado con fines exclusivamente políticos.

Las oficinas de los fiscales no se caracterizaban precisamente por tener como prioridad las investigaciones de corrupción.

Ver un caso de corrupción en los roles de los tribunales era una especie de elefante blanco y cuando solían ser llevados, en alguna excepción, por lo general los imputados terminaban beneficiados con la jurisprudencia de la corrupción, frase que acuñé a partir de la realidad que viví en 2005, en ocasión del caso conocido como “Educación”, y no me refiero a la investigación actual que tenemos en curso.

Reitero: un caso de 2005 que conocí entonces siendo fiscal adjunta en Santiago.

Pero volví a vivir la misma experiencia en 2010, con el caso de Aduanas, y en 2014, con el del exministro de Obras Públicas, en el que el imputado terminó con un archivo y la fiscal terminó siendo acusada.

En todos estos casos hice una búsqueda de la jurisprudencia y el resultado fue decepcionante. Lo que encontré fue una jurisprudencia que en términos generales estaba llena de cambios de criterios, de inobservancia a los estándares de valoración de la prueba y de una irrazonabilidad tan palpable que hacía evidente que el resultado no había sido producto de un error judicial o una justificada variación de criterio del tribunal.

Porque debo reconocer que estos criterios, por lo general, sólo tienen aplicación para el caso de corrupción, no existían antes y no permanecen para otros. Espero que en un momento no muy lejano podamos ser capaces, como sociedad, de hacer un análisis objetivo de esta realidad. No necesariamente en el marco del clásico y el entendible escenario de contradicción que son los tribunales.

Es pertinente preguntarnos: ¿Por qué no nos atrevemos a debatirlo desde la academia o la escuela de Derecho? Quizás porque nos daremos cuenta de que la realidad es que somos unos de los países con leyes sustantivas y procesales más beneficiosas para la corrupción y para eso es suficiente hacer un breve ejercicio de Derecho comparado, por ejemplo, con Colombia, y otros países de la región.

Mi respuesta fue simple: No se preocupe por mí, pero si en algo usted quiere ayudarlos, puede recomendarles que busquen buenos abogados porque nuestra investigación ha recabado muchas evidencias. Cómo sabía el nivel de presión que tenía el caso, opté por subir con mi equipo a la audiencia para el conocimiento de la medida en la que pedimos y obtuvimos 18 meses de prisión preventiva.

Esa conducta de convertir al fiscal en objetivo de los poderosos intereses que muchas veces afectan una investigación de corrupción hoy día sigue vigente, pero con mucho más poder y recursos que los que se tenían para 2010.

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Eso es algo que este equipo, bajo la dirección de la procuradora general Miriam Germán Brito, a quien reconocemos y agradecemos, tiene más que claro que, como dijo Ghandi, “no vamos a disculparnos por hacer lo correcto”.

Para el 16 de agosto de 2020, la Pepca era un equipo de apenas seis fiscales, sin recursos y con las manos atadas para investigar la corrupción.

Una realidad que no era novedosa, pero que había, indudablemente, impactado por el hecho innegable de que la corrupción había penetrado al Ministerio Público hasta su más alta instancia, en un vergonzoso entramado corrupto en el que desde adentro se persiguió a fiscales que no accedieron a ser parte de ese esquema.

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La corrupción desde el Ministerio Público nos laceró y dañó mucho, pero la hemos reconocido, perseguido penalmente y judicializado conforme a lo que establece el Estado de derecho. Y se sigue investigando, a diferencia de otros que prefieren ocultarla bajo el cliché de que cada cuestionamiento es populismo penal.

Pero tenemos claro que no es populismo penal. Es corrupción y la obligación es detenerla y tomar la medida de lugar; lo otro es complicidad por omisión. El que no quiera que lo cuestionen ni rendir cuentas no puede ser servidor público.

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Recientemente cuestionamos a un procesado por qué accedió a pagar soborno y no denunció la extorsión y esta persona respondió: “¿A quién usted quería que le denunciáramos que nos estaban extorsionando y exigiendo un pago de soborno si lo estaba haciendo el propio Procurador General de la República?”

Esto pone de manifiesto que si bien es cierto que todas las manifestaciones de corrupción son terribles para cualquier país, la que viene de la administración de justicia tiene un impacto devastador para toda la sociedad. Cuando el que está llamado a hacer cumplir la ley usa su poder para violarla en perjuicio de los demás se lacera profundamente el objetivo de la justicia.

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En la lucha actual contra la corrupción debemos reconocer que el Poder Ejecutivo nunca ha interferido en nuestro trabajo y que de hecho se han establecido recursos especiales al Ministerio Público para fortalecer la lucha anticorrupción.

A pesar de que todavía tenemos muchos desafíos por delante, somos conscientes del equipo que tenemos en la actualidad, al que la procuradora magistrada Miriam Germán Brito le permitió convertir el auditorio de la Procuraduría General de la República en el espacio de investigación. Hoy no tenemos auditorio, pero sí tenemos un fuerte e inédito equipo de investigación.

La forma en que nos hemos trazado estas investigaciones es partiendo de la realidad de que en República Dominicana, en los casos de corrupción, debemos sobreprobar las imputaciones, algo que suma al hecho de que cada caso implica interrogar a cientos de personas, analizar miles de perfiles, rastreos financieros y societarios de cientos de compañías.

Esa es la razón por la que muchas veces nos tomamos un tiempo que algunos consideran excesivo, pero los casos están listos cuando lo están, lo que sí ustedes pueden tener la seguridad es que este Ministerio Público no ha parado una sola investigación ni lo hará.

Quiero pedirles la anuencia a todos los presentes para que me permitan nombrar a algunos de los miembros del equipo de mujeres y hombres que han hecho posible estas investigaciones, aunque las enunciaciones siempre suelen ser injustas: