El gobierno de Leonel Fernández, 2008 hasta el 2012: “Un manejo absolutamente irresponsable de las finanzas públicas”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Informe Técnico sobre el Déficit Fiscal, ordenado por el Consejo Económico y Social (CES), declaró que el gobierno de Leonel Fernández, desde el 2008 hasta el 2012, produjo un déficit de 401 mil millones de pesos, lo que representa “un manejo absolutamente irresponsable de las finanzas públicas”.
El Informe no fue presentado ni discutido por las instancias del CES, de acuerdo con el coordinador de la Comisión que preparó el informe, abogado Francisco Alvarez Valdez, y apenas quedó como un texto para ser analizado en el futuro.
Las conclusiones del documento dicen que el déficit fiscal del 2012 fue de 187 mil millones de pesos, y tiene como agravante que ese monto de dinero no contribuyó con disminuir la pobreza, sino que fue utilizado con fines meramente políticos.
“Algunas de las causas del déficit del año 2012 obedecen a claras violaciones legales, como no transparentar en el presupuesto el monto correcto del subsidio eléctrico cumpliendo con la Ley No. 125-01, General de Electricidad del 26 de julio de 2001, lo que era perfectamente estimable, o no ajustar los precios de los combustibles debido al alza de los precios del petróleo, aplicando incorrectamente el Decreto No. 307-01, en vez de fijar los precios partiendo del precio de paridad de importación del petróleo en el mercado internacional, más la tasa de cambio, como lo dispone el artículo 8 de la ley”, dice el documento en sus conclusiones.
Dice que la principal razón del déficit del año 2012 fue admitida oficialmente y se encuentra incluso contenida en una ley: “el presidente decidió terminar las obras que había comenzado a pesar de que dicha terminación no estaba contemplada en la Ley de Presupuesto General del Estado del año 2012”. Dice el documento que “esto permite explicar por qué el gasto fue mucho mayor después de las elecciones el 20 de mayo hasta la toma de posesión el 16 de agosto, que de enero a mayo”.
Lea las conclusiones del informe:
Conclusiones del Informe Técnico: Déficit Fiscal en el año 2012: Monto, Causas y Evaluación con respecto al Ordenamiento Jurídico
El déficit de 2012 debe examinarse desde una óptica más amplia en el tiempo. Sus antecedentes aparecen con mucha claridad en el año 2008 y no se trata de una coincidencia que ambos, 2008 y 2012, hayan sido años electorales.
Desde el año 2008 se tomaron medidas que tenían por finalidad preservar la popularidad del gobierno a cualquier costo, y esa es la razón principal, aunque no exclusiva, del por qué se generó un déficit acumulado desde el 2008 hasta el 2011, de RD$214,105 millones, que fueron la antesala del enorme déficit del año 2012 por alrededor de RD$187,000 millones. En cinco años (2008-2012) el déficit acumulado asciende a RD$ 401,105 millones, lo que evidencia un manejo absolutamente irresponsable de las finanzas públicas, que en adición no contribuyó a una reducción proporcional de la pobreza.
Algunas de las causas del déficit del año 2012 obedecen a claras violaciones legales, como no transparentar en el presupuesto el monto correcto del subsidio eléctrico cumpliendo con la Ley No. 125-01, General de Electricidad del 26 de julio de 2001, lo que era perfectamente estimable, o no ajustar los precios de los combustibles debido al alza de los precios del petróleo, aplicando incorrectamente el Decreto No. 307-01, en vez de fijar los precios partiendo del precio de paridad de importación del petróleo en el mercado internacional, más la tasa de cambio, como lo dispone el artículo 8 de la ley.
La principal razón del déficit del año 2012 ha sido admitida oficialmente y se encuentra incluso contenida en una ley: el presidente decidió terminar las obras que había comenzado a pesar de que dicha terminación no estaba contemplada en la Ley de Presupuesto General del Estado del año 2012. Esto permite explicar por qué el gasto fue mucho mayor después de las elecciones el 20 de mayo hasta la toma de posesión el 16 de agosto, que de enero a mayo.
Nuestro país ha venido avanzando en la adopción de modernas leyes para regular el régimen económico y financiero, tal como hemos descrito en el cuerpo de este informe. Sin embargo, hemos podido detectar muy poco respeto por las disposiciones constitucionales y legales adoptadas en esta materia.
Disposiciones constitucionales que prohíben aumentar el gasto público sin la existencia de una ley que lo autorice, o que establece criterios de economía, planificación, eficiencia, prioridad y sobre todo transparencia, para la asignación del gasto público, no fueron respetadas.
Principios esenciales para el buen manejo de cualquier economía, contemplados en múltiples leyes recientemente aprobadas, tampoco lo fueron, como aquel de la ley de presupuesto que señala que las apropiaciones aprobadas por el Congreso de la República constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados. En lenguaje sencillo esto significa que no se puede gastar lo que no ha ingresado y constituye una barrera legal para impedir la generación de cualquier déficit que no haya sido previamente planificado e incluido en la Ley de Presupuesto General del Estado.
El déficit de 2012 ha dejado al descubierto nuevamente que nuestro principal problema no es aprobar nuevas disposiciones legales sino cumplir las que tenemos, pero en esta ocasión, por la magnitud del déficit, el precio será apurar un trago muy amargo, tal como lo describió el presidente Medina.
El déficit puede ser una herramienta eficiente y a veces necesaria para el manejo de la economía. Pero nos referimos al déficit planificado, presupuestado y no al que surge al margen de las leyes. El concepto de déficit no es sinónimo de corrupción, pero no cabe duda de que no se puede descartar la posibilidad de que la generación de un déficit pueda ocurrir por causas corruptas, incluyendo las violaciones de las leyes destinadas a impedir déficits no planificados.
Ha sido una constante que bajo los gobiernos de los tres partidos políticos que nos han gobernado desde 1966, las leyes relacionadas al régimen económico y financiero se hayan violado constantemente, sobre todo en años electorales. Nadie ha tenido que responder por tales violaciones, que raramente son denunciadas, y esta es la causa que explica por qué tales violaciones siguen ocurriendo periódicamente, con consecuencias cada vez mayores para el país y sus habitantes.
La complicidad entre los partidos políticos, que muchas veces imponen la política del borrón y cuenta nueva, impide que este tipo de violaciones llegue a los tribunales o se conozcan tales procesos hasta el final. No existe una sola sentencia condenatoria por violaciones a estas leyes.
Los distintos sectores de la sociedad, incluyendo los representados en el CES, deben abrir sus conciencias a la realidad de que no habrá cambios sobre la forma en que se manejan los recursos públicos sin la participación activa y valiente de la ciudadanía a través de los mecanismos de control social y el ejercicio eficaz del derecho al acceso a la información pública.
Estos temas deben formar parte esencial de las discusiones que deberán llevarse a cabo en el seno del CES para la concertación de un pacto fiscal integral tal como lo ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, incluyendo la aprobación de un régimen de consecuencias más efectivo y disuasivo que el existente.